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A diferencia de lo que ocurre en los países más avanzados, la mayor parte de la inversión en ciencia ha sido realizada por los gobiernos y es comparativamente bajo el esfuerzo del sector privado

15 de septiembre de 2022

Mario Albornoz*

La ciencia argentina ofrece muchas realidades de las que sentirse orgullosa, no solamente por su tradición de excelencia expresada en los premios Nobel logrados hace algunas décadas, sino por la respuesta que fue capaz de dar recientemente, durante la pandemia, con el desarrollo de vacunas, proteínas, sistemas de detección, bases de datos y hasta desarrollo de dispositivos. No es el único ejemplo virtuoso, hay más, pero tampoco es un fiel reflejo de su panorama general.

No es diferente la ciencia argentina al resto del país: al igual que él, se debate en una serie de encrucijadas, algunas de ellas relacionadas con la limitación de recursos, otras con la calidad y cantidad de sus investigadores, el diseño de sus instituciones y la dificultad para establecer prioridades razonables, entre otras cuestiones. En lo que sigue me referiré a la investigación académica y no a los organismos tecnológicos, pese a que algunos de ellos hagan también investigación.

Es necesario retroceder hasta 1976, en los comienzos de la dictadura militar, para comprender algunas tendencias actuales. En aquel año comenzó a producirse una transferencia de recursos presupuestarios desde las universidades hacia el Conicet, que durante aquellos años creó más de cien institutos de su propia dependencia o de fundaciones satélites convirtiéndolos en bolsones de presunta excelencia académica, dotados de recursos en medio de un tejido universitario empobrecido y al que se menospreciaba por politizado. Actualmente ese modelo de proliferación de centros e institutos no ha cambiado y, por el contrario, se ha acentuado.

Se observa, por otra parte, que la mayor parte de la inversión en ciencia ha sido realizada por el gobierno y es comparativamente bajo el esfuerzo del sector privado

Durante los primeros años a partir de la recuperación de la democracia la política científica estuvo impulsada por una mística que privilegiaba el estímulo de la excelencia y la democratización de los centros de investigación. Más tarde la ciencia conoció los efectos de la depresión que experimentó el país a partir de 2001, lo que fue acentuado con los tintes fuertes de la emigración de gran parte de los jóvenes. Durante los años posteriores se experimentó una recuperación y una centralidad discursiva que al cabo ha demostrado ser más simbólica que real.

A pesar de lo declarativo, ciertas tendencias se mostraron estables a lo largo de los sucesivos gobiernos. La más evidente es la escasa variabilidad de la inversión en investigación y desarrollo tecnológico (I+D). Se trata de una limitación de recursos que confronta con una creencia ampliamente instalada acerca de la prioridad que le habría sido asignada a la ciencia en los presupuestos públicos durante los últimos 20 años. En realidad, no ha habido grandes fluctuaciones, ya que a lo largo de todo el período los recursos para ciencia y tecnología oscilaron en torno al 0,5% del PBI, sumando tanto el aporte del sector público, como del privado. No ha habido cambios dramáticos en esta relación, aunque sí los hubo en el volumen del PBI.

Se observa, por otra parte, que la mayor parte de la inversión en ciencia ha sido realizada por el gobierno y es comparativamente bajo el esfuerzo del sector privado, a diferencia de lo que ocurre en los países más avanzados.

Hace pocos días el presidente Alberto Fernández dijo que en los países desarrollados se llega al 2% del PBI y que la Argentina está en el 0,30%. Los valores son aproximadamente correctos, pero la comparación es errónea. Los presupuestos públicos de ningún país llegan al 2%. Ese valor incluye el aporte privado que necesariamente debe ser estimulado, pese a que tanto en la sociedad como en la comunidad científica hay una fuerte inclinación a considerar que el financiamiento de la ciencia y la tecnología debe corresponder casi en su totalidad al estado.

Política de empleo, más que científica

En cuanto a la dotación de investigadores y tecnólogos, la política científica en los últimos años pareció tener pocos objetivos además de incorporar cada vez más investigadores y becarios al Conicet. Esta política tuvo éxito en la medida que la Argentina es el país latinoamericano con mayor número de investigadores en relación con la población económicamente activa (tres por cada mil integrantes de la población económicamente activa (PEA), aunque este valor sea muy bajo con relación a España y Portugal (seis y casi diez, respectivamente). La contracara es que al no haber aumentado suficientemente el financiamiento, más del ochenta por ciento del presupuesto para la ciencia son salarios que, por lo demás, son muy bajos.

Tampoco la inversión en infraestructura y equipamiento puede acompañar tal crecimiento en la medida necesaria. En mi opinión, esta estrategia es más parecida a una política de empleo (de cierto perfil profesional) que a una auténtica política científica. Con un agravante: ni las empresas, ni las universidades ni el propio Conicet generan puestos suficientes para los doctores que se están formando, lo que da lugar a varias salidas insatisfactorias como prolongar y multiplicar las becas.

Da impulsos, además, a una nueva oleada de emigración que no se orienta solamente hacia los países más avanzados, sino en buena medida hacia los latinoamericanos.

La Argentina es el país latinoamericano con mayor número de investigadores en relación con la población económicamente activa (tres por cada mil integrantes de la población económicamente activa

Es cierto que no se han visto perjudicados los grupos de nivel científico más alto. Por el contrario, durante los doce años de gestión de Lino Barañao como ministro (y durante un breve período, secretario) se invirtieron grandes sumas en construir infraestructuras y dotar de costoso equipamiento a proyectos de alto nivel científico, pero se dejó avanzar al Conicet por el rumbo de aumentar exageradamente su planta de investigadores y becarios.

El resultado es que el país cuenta sí, con un grupo de investigadores excelentes: un 10% de los autores argentinos de artículos científicos recogidos en revistas y bases de datos de corriente principal de la ciencia tiene una producción comparable en cantidad y calidad con los del mundo más desarrollado. El resto, en cambio, muestra una producción inferior a la de otros países latinoamericanos.

Probablemente influye en ello el hecho de que gran parte de los docentes investigadores universitarios tienen dedicación parcial y que las limitaciones de infraestructura y equipamiento afectan también su productividad. El bajo nivel de los salarios tiene también influencia, no sólo desde el punto de vista anímico, sino del necesario pluriempleo.

Educación y ciencia

La importancia de las representaciones simbólicas en los juicios de valor de la comunidad científica queda reflejada en el entusiasmo con que se recibió la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 2007. En el clima de festejos, nadie pareció caer en la cuenta de que tal ministerio ya existía, bajo la forma de Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Es decir que, en la práctica, lo que se hizo fue separar administrativa y políticamente la educación de la ciencia, lo que impidió desarrollar políticas del conocimiento que articularan ambas dimensiones en forma conjunta.

La ciencia y la tecnología son esenciales para el desarrollo, pero ellas por sí mismas no sacan a los países de la pobreza. Es necesaria una compleja trama de actores que además de investigar, financien, difundan y apliquen el conocimiento en proyectos innovadores. Algo se ha avanzado en la generación de tales redes, pero la vinculación de los centros de I+D con su entorno económico y social es todavía incipiente. Los estudios de innovación muestran que es baja la proporción de empresas que han establecido acuerdos de cooperación con instituciones de ciencia y tecnología. Paralelamente, los indicadores de patentamiento dan valores muy bajos, inferiores a los de Brasil, México, Chile y Colombia.

La investigación debe ser fortalecida en las universidades nacionales y para ello es preciso aumentar las dedicaciones exclusivas. Esto ya lo sabía Bernardo Houssay. También es importante que las universidades tengan mayor protagonismo y autonomía en la gestión de la investigación que realizan. En tal sentido, es necesario revisar la política de creación de institutos del Conicet. Si la política seguida en estos años dio resultados inferiores a los de otros países de América Latina no tiene sentido continuar con ese mismo modelo, sin hacer antes una revisión profunda de sus supuestos básicos.

El país cuenta sí, con un grupo de investigadores excelentes: un 10% de los autores argentinos de artículos científicos recogidos en revistas y bases de datos de corriente principal de la ciencia tiene una producción comparable en cantidad y calidad con los del mundo más desarrollado

Es imprescindible aumentar la inversión, tanto pública como privada, en I+D. Pero tanto o más importante es dotar a la práctica científica y tecnológica de una nueva mística, como ocurriera en los comienzos de la democracia actual. El vínculo con la sociedad debe ser uno de los ejes principales. El estímulo a la “sociedad del conocimiento” surge como un imperativo, lo que refuerza la necesidad de una política destinada a premiar la excelencia, fortalecer los grupos de I+D, abrirlos al mundo, impulsar las redes y generar proyectos de envergadura en temas críticos como el medio ambiente, la salud, la energía, la pobreza y otros tantos que conforman la agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible.

* El autor es Investigador principal del Conicet y miembro del Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior (Redes).

Mario Albornoz